En Nigeria, se asesina a más cristianos anualmente que en cualquier otro lugar del mundo, lo que sitúa al país en el epicentro de una de las crisis de libertad religiosa más graves de la actualidad.
Desde 2009, Boko Haram, ISIS-África Occidental y militantes fulani radicalizados, principalmente en el noreste y el cinturón central, han asesinado deliberadamente a más de 50.000 cristianos devotos. Estos grupos atacan sistemáticamente iglesias y comunidades con una violencia y destrucción atroces. Las aldeas son aterrorizadas y destruidas, mientras que las iglesias y las escuelas quedan reducidas a cenizas. Millones de personas se han visto obligadas a huir de sus tierras ancestrales. Niños son secuestrados y llevados a campamentos extremistas, donde son adoctrinados a la fuerza, esclavizados o asesinados sin piedad. Mujeres y niñas se enfrentan a la violencia sexual utilizada estratégicamente como arma de guerra. Esta táctica está diseñada para humillar a las familias, desmantelar las estructuras comunitarias y dejar tras de sí una estela de trauma generacional y graves fracturas sociales. En los estados de Plateau y Benue, las aldeas agrícolas cristianas se enfrentan a masacres recurrentes y devastadoras y a la destrucción de su infraestructura.
Estas atrocidades representan una campaña coordinada para desmantelar y exterminar la vida cristiana, a la vez que desestabilizan la sociedad nigeriana. Sin intervención, esta persecución amenaza con socavar la frágil democracia nigeriana, a la vez que consolida las condiciones favorables para el control del extremismo islámico, lo que plantea una crisis moral y estratégica a largo plazo que ya requiere atención nacional urgente.
Las leyes de blasfemia en los estados del norte agravan la persecución al crear un entorno de terror y subyugación incesantes. Según la sharia, las expresiones ordinarias de fe, las letras de canciones o incluso los comentarios casuales en redes sociales se castigan con largas penas de prisión o la muerte. Estas leyes ponen en peligro a cristianos, musulmanes y nigerianos no creyentes que se atreven a ejercer la libertad de expresión. Esto silencia la disidencia, intimida a las comunidades minoritarias y erosiona los principios básicos de la justicia bajo la sombra implacable del miedo. Al convertir la libertad de expresión en un riesgo diario de vida o muerte, las leyes de blasfemia de Nigeria socavan directamente los compromisos internacionales con la libertad religiosa fundamental y la protección de los derechos humanos.
El peligro de la creciente persecución religiosa en Nigeria aumenta en un contexto de impunidad internacional. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales solo han emitido declaraciones de preocupación. Una respuesta más adecuada impondría consecuencias a los perpetradores o establecería medidas de protección. El gobierno nigeriano se ha mostrado reacio o incapaz de proteger a los ciudadanos, ya que las fuerzas de seguridad se mantienen al margen o incluso permiten ataques selectivos. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) recomendó reclasificar a Nigeria como «País de Particular Preocupación» (CPC) en su informe de 2025, pero el Departamento de Estado no ha restablecido esta designación desde su eliminación en 2021. Esta situación persiste a pesar de las continuas violaciones de la libertad religiosa, lo que indica a los extremistas que su violencia no será controlada. Esta falta de intervención ha permitido a los grupos extremistas expandir su influencia y difundir la ideología inspirada por ISIS.
Hace un mes Don Matthew Eya, párroco de San Carlo en la zona de Eha-Ndiagu, regresaba a su parroquia cuando los asesinos lo esperaron para matarlo. Es el enésimo acto de violencia contra un sacerdote católico.
En la situación actual, Nigeria corre el riesgo de caer en un genocidio religioso y un colapso regional en toda África Occidental. Los grupos extremistas que se afianzan en zonas ricas en minerales podrían impulsar el comercio ilícito, el terrorismo global y la inestabilidad a largo plazo. Estas flagrantes violaciones de los derechos humanos y la libertad religiosa amenazan no solo el frágil estado de Nigeria, sino también a toda África Occidental y la seguridad mundial.
