La violencia de forma silenciosa se normaliza en el Ecuador, el año 2025 cerró con una tasa de homicidios de 50,1 por cada 100.000 habitantes, la más alta en su historia reciente, el aumento de la frecuencia y subida de tono, respecto a la severidad con la que ocurre, tiene costos todavía invisibles para la salud mental de las personas. Pasamos de una violencia interpersonal a una macro criminalidad estructurada, aproximadamente el 88% de los homicidios intencionales en el país fueron cometidos con armas de fuego (2026), su manifestación ya no es solo una expresión de la desigualdad (por ejemplo) sino un instrumento para el control (territorial, económico, logístico, etc.) Así, cuando es sistemática (como en la extorción-vacuna) acaba con la economía y los negocios en algunos contextos.
Situaciones como la tortura y las mutilaciones, no solo son formas extremas de violencia física, simbólicamente representan un terror psicológico, que es necesario omitir, porque incluso pensar o hablar de que suceda, es insoportable. Se podría decir que el costo de la vida se depreció, un promedio de 23 personas al día es asesinada en el país, las decapitaciones y desmembramientos, sumados a las desapariciones (promedio de 20 denuncias al día) significarían un tipo de negocio que implica y afecta la vida humana, la mayor cantidad de secuestros se concentró en las zonas de Guayaquil, Durán, Samborondón y Los Ríos (2025), quienes sobrevivieron deben superar secuelas por estrés postraumático.
Panoramas como estos son dolorosos y angustiantes, en ocasiones las personas experimenten un sentido de indefensión producto del estrés continuo, por el riesgo de vida, al ver comprometida su seguridad, y lo vivencian como inevitable, dando paso a un trauma psicosocial, que en lo individual se manifiesta con conductas de hipervigilancia, cuadros depresivos, ideas de desesperanza o fatalistas respecto al futuro, desconfianza por defecto (paranoia normalizada) asilamiento, deterioro de funciones ejecutivas y desensibilización, entre otras rasgos más específicas según el caso y la exposición. Afrontarlo, no es negar esta realidad, puede generar más presión, se requiere trascender la intervención individual, buscar reconstruir vínculos de confianza, la agencia del trauma colectivo y la configuración de entornos seguros.
Diferentes estructuras institucionales tienen debilidades y han sido infiltradas, limitando la capacidad de sus acciones y sus posibilidades de articulación, durante el 2025 fallecieron al menos 1.220 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario ecuatoriano por diversas causas, incluyendo violencia, enfermedades y desnutrición, la reconfiguración del poder en estas instancias tiene efectos que luego se trasladan y se representan en las calles en hechos de violencia.
A junio de 2026 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), contabilizó 38.179 presos a nivel nacional, un incremento del 21,9% respecto a la población registrada en el censo de 2022. En la cotidianidad, la violencia interpersonal se agravó (microcriminalidad) robos y asaltos se desarrollan con mayor ejercicio de la fuerza y con armas más letales. La respuesta frente a estas experiencias de trauma continuo, pueden comprometer la gestión diaria de actividades, la proyección a mediano y largo plazo de un plan de vida. La desregulación afectiva o disociación y las alteraciones de autoconcepto también se pueden presentar, y con mayor riesgo, trastornos de ansiedad generalizados, somatización crónica y comportamientos de riesgo (evasiones, automedicación, consumo problemático, conductas temerarias).
La solución implica diferentes acciones y dimensiones, ajustadas a la realidad local, en lo individual es necesario el fortalecimiento de competencias para la autorregulación y el desarrollo personal, la agencia del aprendizaje de la función protectora y la legitimación de las amenazas, recuperar rutinas y la preparación de planes de contingencia en base a la evaluación de riesgos, un adecuado consumo de información e integrar una nueva narrativa personal respecto al rol de víctima. En lo comunitario, reconstruir entornos protectores, redes de cuidado y grupos de apoyo.
Para la restitución de los derechos es insustituible el empoderamiento de la comunidad, construir agendas comunes y vinculada a diferentes niveles, con el objeto de la recuperación de la gobernanza y la participación en las decisiones de sus territorios, en pro de la apropiación del espacio público y la protección social. Además de fortalecer los sistemas de cuidado y de salud mental, considerando también, mitigar las afectaciones para el personal que interviene en los servicios de apoyo, por el riesgo de traumatización vicaria y fatiga por compasión.
por Emilio Carrillo – Docente de Psicología Clínica UIDE Guayaquil
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