Nos encontramos en una situación al borde del caos jurídico y moral, en nombre de los supuestos derechos.
“El concepto de género está enclavado en el discurso social, político y legal contemporáneo. Ha sido incorporado a la planificación conceptual, al lenguaje, los documentos y programas de Naciones Unidas”. Esta declaración de la señora Bella Abzug, ex diputada al Congreso de los Estados Unidos, feminista de género, fue una de las tantas que dejaron entrever el discurso ideológico que ha fraguado el gran absurdo de la perspectiva de género.
Ecuador no es la excepción. Desde el año 2008, cuando algunas organizaciones, instituciones y particulares quisieron prevenir y alertar sobre la astuta y maquiavélica trampa que llevaba consigo el proyecto de la constituyente en lo concerniente a la vida y a la familia, y que superaba a la Constitución de 1998 en enfoque de género, identidad de género, orientación sexual, etcétera.
Firma esta petición para que en Ecuador no se apruebe este proyecto. CitizenGO
Que el Estado sea garantista no significa que confiera privilegios sostenidos a los caprichos de unos cuantos. Hoy, a los legisladores que debaten brevemente lo que requiere un mayor análisis y llamamiento a la opinión ciudadana con criterios científicos, sociales, morales y antropológicos, habrá que recordarles constantemente la rendición de cuentas ante la sociedad, por dejar abierta la puerta a un sinnúmero de actos o negocios jurídicos que de esta ley comenzarán a emerger.
La propuesta del cambio de la palabra sexo por género, traerá consigo algunas situaciones sociales y jurídicas que la casuística y el Derecho comparado nos ayudan a dilucidar.
1. El género no es un atributo de la persona
Los aspectos biológicos, síquicos y espirituales representan una riqueza inconmensurable de cada ser humano. El género como lo plantea la ONU es la construcción cultural y social de la raza humana, es una construcción ilimitada, al margen de la biología, no guarda ningún vínculo con el sexo biológico.
La identificación se instrumentaliza en un documento accesible a todos los ciudadanos (cédula de identidad) y debe estar acorde a los atributos de cada persona y no sujeta a la tendencia ocasional o permanente de una minoría. Esto es parte de la certeza y seguridad de los actos jurídicos del que nacen las obligaciones.
2. El riesgo del importe en el costo de la redefinición de la palabra sexo
Al legislar el cambio de la palabra sexo por género que plantea la actual reforma a la Ley de Registro Civil, nos encontramos ante la redefinición de nuevos conceptos aplicables, que crean nuevas estructuras, de una falsedad ideológica que tiene base en la manipulación del lenguaje.
Esta ley obliga a la administración pública a ponerse en el servicio de una minoría (LGBTI) que exige privilegios, siendo incompatible así con una sociedad pluralista y libre. Y por lo tanto, al no estar de acuerdo, surgiría por consiguiente una ley para la no discriminación que trae como consecuencia la sanción a quienes defendemos la familia, el matrimonio y la vida.
3. El derecho de los niños a tener un padre y una madre
El último y más importante, es el estado de indefensión en el que quedan los niños, sujetos de derecho, no trofeo, ni premio para los adultos. Ellos tienen derecho a madurar su afectividad, a reafirmar su sexualidad, a forjar su personalidad, a cultivar sus valores observando el vínculo cognitivo, único, personal y complementario que se establecen en las relaciones entre el padre y la madre. Al propiciar una ley que desvaloriza el sexo biológico se disfrazarían actos jurídicos que por tradición jurídica están dadas solo al hombre y la mujer, como el matrimonio y la adopción.
Nos encontramos en una situación al borde del caos jurídico y moral, en nombre de los supuestos derechos, a cualquier precio. Exponemos a los niños a problemáticas que los legisladores en un meditado y consciente análisis deben prevenir.
Una vez más estamos a tiempo, y hacemos un llamado a todas las personas, padres y madres de familia, a la Iglesia y organizaciones nacionales e internacionales a favor de la familia a frenar con este disparate ideológico que acarreará consecuencias funestas para la sociedad ecuatoriana.
Por: Cristina E. Franco Cortázar; MSc.
Abogada
