Se ha discutido en torno al nuevo programa Plan Familia Ecuador hasta la saciedad; sin embargo, poco se ha mencionado los derechos fundamentales que están en juego y que son esenciales en un sistema libre y democrático.
La participación de la familia en la educación de los hijos (incluida la educación sexual) es un derecho irrenunciable consagrado en la Constitución del Ecuador en varios artículos: 26, 44, 67, 69, 347 y especialmente 29, del cual se advierte que el Estado garantizará la libertad de enseñanza y por lo tanto, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y por lo tanto, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Luego de la decepción del programa anterior (ENIPLA) y el aumento de embarazos de niñas menores de 14 años, finalmente el ejecutivo cae en cuenta que se estaba educando en torno a parámetros (pseudo valores) que además se extralimitaban por encima de la autoridad, conocimiento y consentimiento de los padres y madres de familia.
Sin embargo, la permanencia del nuevo plan, que promete ser más integral, continuará supeditado al poder o autoridad política de turno. La ética laica es una utopía. La máxima honestidad de un Estado Laico, consiste en respetar la voluntad de las familias y garantizar las condiciones para que se reconozca y se haga efectiva su elección en torno a la educación de los hijos. Es justamente aquí en donde entra en juego el derecho a la “Libertad de Enseñanza” con medidas de acción afirmativa por parte del Estado. Un estado auténticamente laico es subsidiario frente a la familia en materia educativa.
Una política pública con perspectiva de familia es garantía de libertad, progreso y democracia.
Hoy la sociedad entera, familias, instituciones sociales, movimientos ciudadanos, partidos políticos deben profundizar el debate y custodiar que se haga plenamente efectivo el art. 29, no solo para las familias que tienen posibilidad de pagar educación privada, sino que debe exigirse este derecho -en igualdad de condiciones- para todas las familias sin excepción, incluidas aquellas que tienen a sus hijos en instituciones educativas fiscales.
Una política pública con perspectiva de familia es garantía de libertad, progreso y democracia.
Por Isabel María Salazar
