Entre 2016 y 2021, en Ecuador se documentaron 87.593 casos de intoxicación aguda por medicamentos
El uso inadecuado de medicamentos continúa siendo un problema relevante de salud pública en Ecuador, con consecuencias directas en la seguridad de los pacientes y en la presión sobre los servicios de emergencia. De acuerdo con el reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a nivel nacional se han registrado más de 20.900 emergencias por intoxicaciones, de las cuales aproximadamente el 6% (1.278 casos) están relacionadas con el consumo de fármacos.
Esta situación no es aislada ni reciente. Entre 2016 y 2021, en Ecuador se documentaron 87.593 casos de intoxicación aguda por medicamentos, de acuerdo con registros del Ministerio de Salud Pública (MSP), lo que evidencia una problemática sostenida asociada al uso inapropiado de fármacos, incluyendo la automedicación y el consumo de productos en condiciones no seguras.
En este contexto, consumir medicamentos después de su fecha de caducidad no es una práctica segura ni recomendable. Tras la fecha de expiración, los principios activos pueden degradarse en más del 10%, lo que impide alcanzar la dosis terapéutica mínima necesaria para tratar una enfermedad y puede generar compuestos potencialmente tóxicos, cuyo impacto depende del tipo de fármaco y de la dosis consumida, explica Marco Dehesa, presidente del Colegio de Bioquímicos de Pichincha.
El especialista advierte que esta degradación no solo reduce la eficacia del medicamento, sino que también puede representar un riesgo directo para la salud. El principal peligro es la falla terapéutica, ya que, sin la concentración adecuada del principio activo, el organismo no recibe el tratamiento efectivo que necesita, lo que puede derivar en la persistencia o agravamiento de la enfermedad, especialmente en casos de infecciones severas o patologías crónicas.
Adicionalmente, el consumo de medicamentos caducados puede provocar reacciones adversas, como malestar gastrointestinal, alergias, alteraciones neurológicas o toxicidad en órganos como el hígado y los riñones, con mayor impacto en poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
