El Departamento de Salud Británico ha pagado más de 95 millones de libras en 104 juicios por "nacimientos equivocados" (wrongful birth) en la última década.
Así lo informó en Lifesitenews Thaddeus Baklinski, quien señala que este hecho es «un ejemplo de la extrema presión que existe sobre los médicos y los sistemas de salud para que ofrezcan estudios eugenésicos dirigidos a abortar a los discapacitados».
En la mayoría de los casos, los juicios por «nacimiento equivocado» se plantean en los países con aborto legal y consisten en reclamar el daño que significa haber perdido la «chance» de abortar a tiempo a un bebé con discapacidad, por la negligencia del médico al errar el diagnóstico de la discapacidad. También se han planteado casos en los que el daño por el nacimiento de un bebé se produce por una «falla» en el procedimiento de esterilización.
Según el informe, aún quedan 60 casos pendientes.
En 40 de los casos que finalizaron en acuerdos económicos, los nacidos tenían perfectas condiciones de salud, pero se demandaron al sistema de salud por haber fracasado en el aborto (6 casos de «failed termination»), 24 casos de fallida esterilización y 8 casos de implantes anticonceptivos fallidos.
Mary Glindon, integrante del Parlamento, requirió un informe que fue respondido por el Ministro de Salud, Daniel Poulter, por escrito al Parlamento con las cifras de estos acuerdos.
Pretender reclamar «daños y perjuicios» por el nacimiento de un hijo es una forma radical de discriminación y de cosificación de la vida humana, que deja de ser un don y se convierte en un producto sujeto a parámetros de «control de calidad» que resultan contrarios a elementales principios vinculados con la dignidad humana. Por otra parte, estos planteos son parte de las consecuencias ocultas del aborto libre y la difusión de los estudios prenatales, transformados en mecanismos eugenésicos de control y alejados de su finalidad médica.
