La inseguridad le pasa un ultimátum a Ecuador, opinión compartida en la CNN.
El presidente Guillermo Lasso cumplió 16 meses en la presidencia del Ecuador el 24 de septiembre y en materia de seguridad ciudadana, el mandatario saca una de sus peores calificaciones. En casi año y medio, los 18 millones de ecuatorianos han presenciado absortos, cómo el país se ha convertido en un territorio donde la inseguridad, criminalidad y los homicidios alcanzan índices preocupantes.
Las estadísticas de la Dirección nacional de delitos contra la vida, muertes violentas,
desapariciones, extorsión y secuestro (Dinased) de la Policía de Ecuador revelan que, en
los primeros ocho meses de este año, el número de homicidios intencionales ya sobrepasó
todo lo registrado en 2021.
Es así como el año pasado hubo 2.494 homicidios intencionales y al 13 de agosto de 2022
ya sumaban 2.647. La tendencia es grave.
Este azote –en un país donde la desnutrición infantil, la pobreza rural, el empleo pleno y la
informalidad tienen indicadores preocupantes— resulta un verdadero ultimátum a la ya
debilitada gobernabilidad del presidente Lasso, expresada, sobre todo, en sus constantes
desacuerdos y pugnas con el primer poder del Estado que es la Asamblea Nacional.
La incontrolable ola de violencia está degradando rápidamente el estilo de vida, la forma de
trabajar, de producir, la confianza en la democracia y la visión de futuro de las familias.
Y lo peor es que, en mi opinión, la sociedad ecuatoriana casi no ha podido reaccionar,
porque el Gobierno, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial no han tenido la capacidad
de transformar e innovar sus herramientas esenciales para combatir el crimen y los
negocios ilícitos.
Esta incapacidad se evidenció, por ejemplo, cuando el Parlamento aprobó el 6 de agosto la
nueva Ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, rechazando recomendaciones
de la Presidencia de la República para que incorporara artículos clave que permitieran
combatir los delitos con mayor contundencia.
Este nuevo cuerpo legal, entonces, no fue expedido como lo pedían el mandatario,
Guillermo Lasso, y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas.
Reacción del Estado ante la inseguridad
A pesar de la situación, pareciera que para el Estado no ha sido urgente coordinar una gran
reforma legal que endurezca las penas para los homicidios intencionales o que mejore el
trabajo de los jueces.
Increíblemente, tampoco parece que hay apuro para que el Gobierno retome la soberanía
sobre las cárceles y ejecute acciones urgentes para frenar los sangrientos y constantes
motines de reos, reducir el hacinamiento o mejorar la capacitación y el número de los
agentes destinados a las prisiones.
El descontrol en los centros penitenciarios también ha hecho que algunas cárceles sean
prácticamente bodegas de armas de todo calibre.
De todos estos aspectos habla el Informe de personas privadas de libertad en Ecuador
2022, elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su
capítulo de conclusiones reconoce que el sistema penitenciario ecuatoriano está colapsado.
En el área de fortalecimiento del orden público, el Gobierno tampoco tendría urgencia en
crear una nueva policía acorde a la inédita etapa histórica que vive el país, que para mí
debería tomar acciones decisivas como equipar en serio a la fuerza pública, transformar los
sistemas de inteligencia y depurar las filas policiales.
Aún podemos escuchar a generales de la Policía de Ecuador hablando de la urgente
necesidad de contar con más apoyo del Gobierno central, a pesar de la existencia de
recursos económicos propios y de cooperación internacional.
También considero que ninguna política de lucha criminal puede ser exitosa sin intervenir
en la base social para multiplicar las oportunidades de educación y empleo en la población
más pobre y de donde las bandas criminales reclutan a sus nuevos integrantes.
El mismo Instituto Nacional de Estadística Censos (INEC) reveló en junio que la pobreza y
la pobreza extrema atacan sin piedad al 42,9% y 22,7%, respectivamente, de las familias
del sector rural, y en todo el país esas cifras son 25% de pobreza y 10,7% de pobreza
extrema.
Las autoridades entonces deben entender que no pueden permitir que la mayoría de los
ciudadanos se resignen a aceptar que están solos en esta lucha y que únicamente depende
de ellos idear estrategias personales de seguridad y vivir pendientes de que la criminalidad
no toque sus vidas.
Hay buenos ejemplos de cómo poblaciones, antes azotadas por la violencia, han logrado
reducir el número de homicidios en el mediano plazo, como ocurre en el estado mexicano
de Sinaloa.
Debemos enfatizar, finalmente que, si no pasamos de los discursos a los resultados, solo
estaremos aceptando que la criminalidad es más fuerte que todo un Estado y que así
Ecuador no es viable en el corto plazo.
Escrito por: Rodrigo Jordán, Director Ejecutivo Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación.
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