La pena de muerte en pleno 2026

El tema de la pena de muerte vuelve a estar en la opinión pública internacional debido a los casos mediáticos de Christa Pike y Nidal Malik Hasan; ambos en los Estados Unidos. Una mirada desde la doctrina de la Iglesia.

El caso Christa Pike

Pike fue sentenciada a pena de muerte por el homicidio de Colleen Slemmer, en 1995. El 30 de septiembre de 2026, después de varias prórrogas, se llevó a cabo el intento de ejecución con inyección letal, en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee, su lugar de reclusión. A Pike se le aplicó la primera dosis con la que debería haber fallecido. Unos veinte minutos después, al presenciar que aún seguía con vida, el personal ejecutor le aplicó una segunda dosis. Una media hora después, al ver que aún continuaba con vida y que sufría una severa crisis de asfixia, decidieron trasladarla a un hospital para que recibiera asistencia médica. Pike estuvo inconsciente, intubada y con severas lesiones a causa de la droga administrada. El personal sanitario informó de la gravedad de la paciente y de las posibles secuelas que podría enfrentar en lo sucesivo. Días después se recuperó y, posteriormente, fue regresada a prisión donde continúa su recuperación y reclusión. Su futuro es incierto pues no se cumplimentó la condena, pero los ejecutores aplicaron las dos dosis que contempla el protocolo. Se espera que el caso vuelva a tribunales.

Hasan es un exmayor del ejército estadounidense que fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte en el 2013 por el multihomicidio de trece personas en un tiroteo en Fort Hood, Texas, el 5 de noviembre de 2009. Actualmente se encuentra recluido en el Cuartel Disciplinario de Fort Leavenworth, Texas. Su fecha de ejecución por fusilamiento está prevista para el 3 de diciembre 2026, a las 2 pm, en la Base militar de Fort Hood, Texas. Será el primer militar ejecutado con este método desde la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). En un principio, el Presidente Trump ordenó que se transmitiera en vivo esta ejecución; pero ante el alud de críticas y la condena internacional, desistió de ello.

La pena de muerte en los Estados Unidos 

El Centro de Información sobre la pena de Muerte, informa en su página de Internet que esta práctica es posible en 27 estados de la Unión Americana, en el Gobierno Federal y en las Fuerzas Armadas de los EEUU. En contraparte, dicha pena está abolida en los 23 estados restantes y el Distrito de Columbia. 

Entre 1976 y 2024 se han practicado 1,686 ejecuciones –la mayoría de estas en Texas, 603–, mientras que en el Pabellón de la muerte se encuentran 2,216 personas –la mayoría en California, 632–.

Amnistía Internacional informa que la tendencia mundial con respecto a la pena de muerte es abolicionista. En efecto, sólo 17 de los casi 200 países existentes en todo el mundo la mantienen. Entre estos se encuentran: China, Corea del Norte, Vietnam, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Afganistán, Singapur, Egipto, Yemen, Somalia, Sudán del Sur y los Estados Unidos; siendo éste último el único país del Continente americano que mantiene esta práctica. En Europa no hay ninguno.

El derecho humano a la vida

A nivel civil, la tendencia abolicionista se sostiene en el hecho de que la pena de muerte vulnera el primero y más elemental de todos lo derechos humanos: la vida, proclamado como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además de ser un castigo cruel, inhumano y degradante, Amnistía Internacional declara:

“No existe ninguna prueba concluyente de que (la pena de muerte) tenga un efecto disuasorio superior al de otras penas, y su aplicación es irreversible: cuando se ejecuta a una persona inocente, el error no tiene reparación posible. Además, la pena de muerte se aplica de manera arbitraria y discriminatoria en muchos países. Las personas pobres, pertenecientes a minorías étnicas, raciales o religiosas, o que no pueden pagar una defensa adecuada tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte. En algunos casos, las sentencias se dictan tras confesiones obtenidas bajo tortura o después de juicios sin garantías”. 

La moral social de la Iglesia

La Iglesia, fiel al Evangelio y a la tradición, mantiene y promueve la vida como única opción humana y cristiana.  Por ello, con toda contundencia y claridad defiende la vida de toda persona, desde su inicio en la concepción, a lo largo de toda su vida, hasta su muerte, instando a que esta sea de manera natural. 

La vida, en efecto, es un don de Dios. No nos pertenece; no le pertenece al Estado. Es digna por el hecho de ser una obra original realizada con amor por Dios Padre creador; redimida con amor por Dios Hijo; y santificada con amor por Dios Espíritu Santo. 

No existe ningún delito, por más grave, doloroso y condenable que este sea, que elimine tal dignidad.

“Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.” (n. 2267).

Este último punto es de vital importancia para la Iglesia, Madre y Maestra nuestra que afanosamente busca que ninguno de sus hijos se pierda (Cf. Mt 18, 12-14; 2 Pe 3,9). Para ello los llama a la conversión, al arrepentimiento y enmienda de sus faltas. En su Carta Encíclica Evangelium vitae, el Papa san Juan Pablo II llama a evitar la pena de muerte a fin de que al criminal “no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse” (n. 27). 

El hecho de que este tema –particularmente en este edad social de los derechos humanos, de las libertades y de tantos progresos humanos– se mantenga vigente en una minoría de países –la mayoría, regímenes totalitarios y no cristianos–, denota un doloroso y preocupante bajo aprecio por la vida humana; además de un reconocimiento tácito del fracaso de los sistemas penitenciarios que, al no lograr la readaptación de los criminales, o al no poderlos contener de forma segura, prefiere matarlos.

fuente aleteia
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