“¿Es justo pagar a un sicario para que resuelva un problema? No. No se puede. No es justo matar a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema. Es como confiar a un asesino a sueldo la tarea de resolver un problema” –Papa Francisco
El 2019 inició con un debate sobre la vida, en la Asamblea Nacional del Ecuador se discuten las posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) entre las que se incluyen cambios al artículo 150, que añadiría la legalidad del aborto por violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y graves malformaciones del feto. Actualmente, el COIP contempla el aborto legal (la interrupción de un embarazo) únicamente en dos casos: cuando corre peligro la salud de la madre y cuando el embarazo ha sido consecuencia de violación a una mujer con discapacidad mental.
Ante esto, el debate ha sido llevado al plano de la violación de la mujer, ¿por qué una mujer violada no puede abortar? ¿Por qué tiene que ir presa cuando ha sido violentada? Los ecuatorianos en su mayoría somos poco instruidos y preparados para debatir estos temas. La falta de conocimiento en torno a esto nos lleva a tomar posturas por simpatías, por necesidad, por convicciones religiosas o ideológicas, en donde además, las estadísticas disponibles para formar un juicio no son exactas y son manipuladas para favorecer un discurso abortista.
En lugar de preocuparnos de cómo resolver una agresión con otra agresión, qué tal si exigimos la creación de un marco legal y educativo para prevenir y minimizar las agresiones, y no solo a las mujeres que han sido violentadas, sino también para niños y adolescentes que sufren violencia todos los días.
Según estadísticas de la Unidad de Género de la Fiscalía, el 80% de los casos de violación son perpetrados por personas dentro del entorno familiar. Hoy más que nunca es indispensable que se sancione al agresor, para minimizar los riesgos y terminar los círculos de violencia contra mujeres y niños.
Eduquémonos para ayudar a formar a la familia ecuatoriana, utilicemos las escuelas, colegios y universidades para informar e instruir ética y científicamente sobre el aborto, violación, abuso sexual y el respeto a la dignidad de la persona en todas las etapas de vida, especialmente en estado de indefensión.
Mientras tanto, pensemos en políticas de atención integral de ayuda a favor de los niños, niñas, adolescentes y mujeres violentados, de forma que se protejan los derechos humanos de la víctima y del niño concebido, fruto de una violación.
Por: Arcadio Arosemena Robles
Gerente General Revista Vive!
