La resolución 001, expedida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) que especifica la cantidad de droga que se puede portar, ha abierto un debate.
En el Ecuador, desde el año 1997, la reforma de Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas despenalizó el consumo de drogas en el país. La diferencia entre legalizar y despenalizar radica en que la despenalización hace referencia al consumo, mientras la legalización necesita de la intervención del Estado en la producción, comercialización y regulación de determinadas sustancias. Por otro lado, descriminalizar consiste en hacer desaparecer como delitos o faltas en el Código Penal, un determinado modelo de comportamiento humano, que a partir de tal decisión sería jurídicamente lícito o indiferente.
Con la resolución 001, expedida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) en mayo de este año, se resolvió “acoger el análisis de toxicidad, estudios
psicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal elaborado por el Ministerio de Salud Pública, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal”. Además, se prevé no criminalizar el consumo de drogas para no causar prejuicios morales y sanciones indebidas.
En la última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) países como Canadá y Estados Unidos promovieron el “no a la despenalización”, con el temor de que el índice de adictos creciera.
Ricardo Loor, líder de control y prevención del Consep, asegura que existe un mal entendido en cuanto al tema. “Hay una mala comprensión, el consumo no es penado, pero la tenencia (de droga) sí. Lamentablemente, estas son las incoherencias de esta ley. No se legaliza la dosis máxima y tampoco se da la autorización para portar drogas, ya que esto último sí es penado por la ley actual”, afirma.
Ante esta contradicción, Loor asegura que “la ley tiene que cambiar”, debido a que “no corresponde al contexto actual”. La resolución no tiene carácter vinculante; por lo tanto, su cumplimiento por parte de los jueces no es obligatorio. El Consep busca brindar un sustento técnico y científico para que no se siga abusando de la privación de la libertad de consumidores, quienes han dependido de la discrecionalidad y arbitrariedad de los jueces.
Rechazo a la resolución
A inicios de julio pasado, Ithel Idrovo, presidente de la fundación Salva tu vida, encabezó una concentración en las afueras del Ministerio del Litoral, en contra de esta resolución, con una campaña denominada “Ni un gramo más para mi hijo”.
“¿Qué va a ocurrir con los jóvenes y niños que vienen atrás?, esto es dar luz verde para el consumo y estamos en desacuerdo porque genera delincuencia, problemas sociales y enfermedades”, manifiesta Ithel, quien acudió con sus dos hijos. “Actualmente el consumo de drogas en jóvenes empieza entre los 10 y 12 años de edad”, afirma.
Nino Centanaro llegó a la concentración junto a su esposa y tres hijos: “He dejado mis actividades comerciales, al igual que mi esposa y mis hijos faltaron a clases, pero es una iniciativa que me hace feliz respaldar. Mi hermano no puede salir de las garras del alcohol y las drogas; y me da mucha pena esta resolución”. Nino está a favor de una consulta popular.
Por otro lado, Silvio Devoto vivió más de 30 años inmerso en las drogas y ahora, con seis años de rehabilitación, imparte terapias vivenciales para ayudar con su testimonio. “Es una falta de respeto esta disposición que no nos permite, como padres, guiar a nuestros hijos adecuadamente”, asegura.
Cifras: 27 millones de dólares destinó el Ministerio de Salud Pública para la construcción de cinco centros médicos de adicciones para todo el país.
4,573 personas (más del 45% del total), cumplen penas por delitos de drogas, según un informe de la Defensoría Pública del Ecuador.
2,300 personas fueron liberadas en el 2008, tras un indulto
concedido por la Asamblea Constituyente (menos del 1% ha
reincidido).
El sistema de Salud Pública actual
El artículo 364 de la Constitución vigente determina que: “Al Estado le corresponde desarrollar programas de información, prevención y consumo del alcohol, tabaco y otras drogas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores”. Actualmente, el Ecuador no cuenta con hospitales o centros de rehabilitación de adicciones suficientes para la demanda ya que cerca del 98% de estos centros son privados.
Este año, el Ministerio de Salud Pública destinó 27 millones de dólares para la construcción de cinco centros médicos de adicciones para todo el país. Con respecto a este tema, el Dr. Loor, del Consep, afirma que “No existe la suficiente cantidad de centros para drogadictos. Pero el tratamiento ambulatorio es otra opción”.
El Consep se encarga, a través de un programa con más de 14 mil estudiantes en distintas zonas del Ecuador, de brindar charlas de orientación y discusión sobre el tema. Sin embargo, no promueven un mensaje directo. “Nos enfocamos en orientar al estudiante, pero no llevamos un mensaje específico. Ellos deben aprender a tomar sus propias decisiones por sí solos”, asegura Loor. También se capacitan a maestros para el trato de estos temas con sus alumnos y las familias.
Por Juan Felipe Torres
Editor
jtorres@revistavive.com
